Proceso de consulta indígena en la carreterra Santa Cruz - Puerto Suárez (Entrevista José Bailaba, Carlos Cuasase, Ignacio Parapaino, Darío Díez)
José Bailaba
Lugar: Santa Cruz de la Sierra , oficinas de la CPESC
Fecha: 21 julio de 2004
Cargo: Diputado de la República de Bolivia
Etnia: Chiquitano
¿Cuál es la situación actual de la carretera
Santa Cruz - Puerto Suárez y el impacto de este proyecto en las comunidades
indígenas?
En el caso específico
de la construcción de la carretera bioceánica puerto Suárez -Santa Cruz, en la
anterior gestión de gobierno este proyecto se manejó muy políticamente y con el
discurso de organizaciones como cívicos de los diferentes pueblos que impulsan
este proyecto. Sobre este asunto se tuvo
que tomar decisiones conjuntas para ser aprobado este proyecto, tal como se lo
plantea hoy, pero con la participación directa de pueblos indígenas, de la
sociedad en su conjunto…
Como pueblos indígenas
vimos que todos estos megaproyectos nos afectan: primero, la desarticulación de
las organizaciones sociales; segundo, de la desarticulación y el rompimiento
estructural y cultural de nuestros pueblos; y el tercero, nos lleva a una
individualización, él querer hacer por si solos. Entonces, estos son los daños,
los perjuicios que dejara la construcción de esta carretera. Aumentara el
descontrol sobre los recursos naturales, el descontrol social de la familia
indígena, porque van a migrar. Se causarán problemas de fondo como es el tema
de salud. Creemos que desarticular estas clases sociales perjudica y muchas de
ellas van a ser irreparables. Creemos que estos son los daños y perjuicios que
va causar la construcción de la carretera bioceánica.
En cuanto a los
beneficios de la carretera, se ha tenido un gran debate sobre este tema. Han
dicho que traerá desarrollo, fuentes de trabajo, créditos y recursos
económicos. Creemos que estas cosas no son tan ciertas. Hablamos de fuente de
trabajo, de ingresos económicos, las versiones que se han dado sobre la
carretera, con una carretera de esta naturaleza, cuando hablan que habrá mas
fuentes de trabajo, no va ser así.
El problema de la
tenencia y los recursos naturales. Una carretera de esta naturaleza va causar
daños y perjuicios de toda índole, será tierra de nadie ya que ninguna
autoridad va poder controlar, administrar bien esta carretera.
Creemos que esos van a
ser perjuicios que generara la carretera y vamos a seguir pagando deudas con
créditos del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿Dónde queda la plata? ¿Para
quién queda la plata?
Entonces los beneficios
tenemos que ver desde ese punto de vista ¿Dónde queda el beneficio? Realmente
ha quedado el beneficio a las élites empresariales que tienen capacidad y poder
económico para asumir esta clase de trabajo y no así para los pobres para los
pequeños, para el comunario común y corriente. También estas son otras formas
de engañar y distorsionar a la misma población, Entonces creemos que la
conclusión de la carretera va terminar en cuentas y cuentas, porque se van a
abrir créditos…
A esto es lo que le
llaman crear fuentes de trabajo, crear programas de empleo, entonces no existe
él tal desarrollo.
¿Dónde queda la participación
y la fiscalización de estos proyectos? ¿Cómo vamos a controlar el impacto
social? Dependerá esto de las autoridades para que hagan cumplir y de las
mismas organizaciones para exigir el cumplimiento.
Y como se quiera, en
toda política, en los convenios internacionales sobre construcción se manejan
muchos recursos económicos y eso es lo que más prima que cualquier otra cosa,
sin importar que daños va a causar. Lo que prima es la plata.
En verdad los que
tienen terreno, los que tienen latifundio, se van a beneficiar porque aumentaran
el precio de sus tierras o alguien que tenga una concesión forestal o minera. Entonces
el beneficio quedará centrado en algunas determinadas personas.
El proyecto de construcción de la carretera bioceánica
Puerto Suárez-Santa Cruz ha tenido instancias de consulta de participación
ciudadana, el Comité de Participación y Consulta, por una parte, las Rondas de
Consultas por otras partes y un proyecto específicamente de participación
indígena, el Program Indígena. ¿Cual su evaluación de estas instancias de
consulta?
La forma de consulta,
primero es una formalidad del gobierno que sí se está tomando una verdadera
participación, pero en la práctica eso no funciona, al final se determina
políticamente. Ya sea para contratar personal por formalidad, pero ya los
acuerdos están hechos, y esos son funcionamiento de estrategias políticas,
Creemos que es aquí el
problema. En lo que se refiere a la participación indígena, realmente se ha
planteado programas específicos para que justamente den resultados. Pero
lastimosamente, mientras esto tendría que funcionar paralelamente, ya estén
casi con el avance del cien por cien del trabajo y estos programas no
funcionan… Por eso que realmente esta clase de diseños, estas formalidades,
están concebidas mostrando a la sociedad civil el grado de participación. El
grado de consulta no funciona.
Esto es realmente un
simulacro que distorsiona pero que en la práctica no funciona y es por eso que
hoy se tiene que buscar otros mecanismos de exigencia. Porque si el compromiso
quedo de que tenía que funcionar paralelamente, empezaba las obras de las
carreteras y tenían que empezar los programas para que sobre esa base se pueda
ir fiscalizando las obras que vienen desarrollando.
¿Aparte
de las instancias de consulta y del Programa Indígena, cuáles son las demandas
concretas de la CPESC
al interior del proyecto? Por ejemplo, la demanda de que se incorpore dentro de
los documentos del proyecto que las comunidades indígenas tienen el derecho
dada su capacidad científica en el manejo del bosque tienen el derecho de
gestionar áreas Protegidas. Primera demanda. La segunda demanda, de
participación y consulta apropiada y ha habido una tercera demanda: ¿la
relativa exclusión del museo de historia “Noel Kempff Mercado” por su
participación en el negociado del Bosque Seco Chiquitano y por su vinculación
con la FCB? ¿Cuál ha sido el curso que han tenido estas demandas?
Las tres demandas han
sido justamente presentadas y como es interés político, entonces, cuando se
toca estos intereses que son de beneficio planteada por las organizaciones
indígenas para las autoridades competentes, eso no vale. Se ha seguido exigiendo hasta la fecha,
ninguna de las tres justamente ha funcionado.
Todavía se está viendo
por la contratación personal, cada sector tiene su interés para poner su gente,
para que dirija esta obra, entonces ese es uno de los problemas.
Supuestamente en esta
gestión de gobierno no hay una tienda política, pero se palpa que si existe una
tienda política partidaria y es por eso que son los retrasos, son los que
obstaculizan el funcionamiento de este trabajo que se tiene que hacer. Es decir,
no existe nada ahora en forma específica que haya arrancado cualquiera de estos
programas que se ha presentado.
¿Si no ha habido
consulta apropiada, si no ha habido participación efectiva, si las demandas no
han sido atendidas estamos en una situación de violación al convenio 169 de la OIT , si este es el caso se
podría impugnar la construcción de la carretera porque no ha habido la participación
efectiva?
Creemos que se esta
haciendo los últimos esfuerzos con las autoridades competentes, como es la
prefectura, para resolver de una vez por todas estos obstáculos que se
tienen. Ha habido compromisos de parte
de la prefectura, ha habido un cronograma de actividades a desarrollarse, pero
ninguna sinceramente se ha puesto en marcha. Entonces creemos que los mismos
compañeros de las organizaciones que están afectados directa e indirectamente y
hoy están exigiendo ese legítimo derecho antes de tomar otras decisiones.
En caso de que no se
cumpla el convenio hay los recursos correspondientes como es la impugnación o
la presión social, no hay nada que ocultar si no que hay que responder a un
compromiso que ya se tiene.
¿Si bien ha empezado el
avance la construcción de la carretera, casi un 20% y se sabe cuales van a ser
los impactos sociales y ambientales de la carretera, quieren las comunidades
que se construya la carretera?
Primero, cuando vimos
los resultados negativos y justamente sobre esta construcción, todos manifestaron
que en realidad causaría daños, muchos de ellos irreparables, pero por la misma
presión de autoridades cívicas y además de autoridades municipales y prefectorales
se ha llegado a un acuerdo, justamente con mucho más mayor grado de
participación y fiscalización sobre el tema. Lo que se espera ahora es volcar
el esfuerzo en lo que significa la fiscalización.
Ignacio Parapaino
Lugar: Santa Cruz de la Sierra , oficinas de la CPESC
Fecha: 21 julio de 2004
Cargo: Presidente de Central Indígena de
Pailón
Etnia: Chiquitano
¿Cuál es la evaluación que hace usted sobre el
desarrollo del proyecto de de la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez?
Desde los inicios hemos
venido trabajando, viendo intereses y trabajando en la defensa de los derechos
de las comunidades chiquitanas y en coordinación con la organización matriz de
los chiquitanos que es la OICH
y la Organización
departamental CPESC.
Hablando de lo que es
el corredor bioceánico, seguimos trabajando hace 5 años intensivos. Nosotros
nos sumamos en el año 2000, justamente cuando se crearon nuestras
organizaciones. En si, es un proyecto
bastante ambicioso por parte del gobierno y obviamente llegaría a generar
bastantes recursos económicos, bastante transitabilidad dentro de lo que son
tres centrales que tienen sus respectivas comunidades…
Se ha venido haciendo
rondas de consulta y peticiones de nuestras comunidades, a través de nuestras
estructuras organizativas, como el respeto a la consulta, el respeto hacia las
personas. Que ellos también pueden sugerir, pueden mostrar con más propiedad
los efectos, los problemas que puedan causar estos intereses…
Ya estamos a mediados
del 2004 y lamentablemente los programas del Plan de Protección Socio-ambiental
de la carretera no funcionan. Entonces
se han creado diferentes instancias de la sociedad civil, uno de parte de
nosotros que verdaderamente vela por los intereses de las comunidades que la Comisión de Seguimiento y
Coordinación - COSECO y el CPC.
A estas alturas
nosotros podemos decir que nos hemos reunidos con el Servicio Nacional de Caminos,
donde se ve algo que antes se veía un poco difícil, que era la construcción de
la carretera. Hoy tiene un gran avance el tramo San José-Robore y el otro que
está previsto empezar ya con la contratación de las empresas: pailón-El Tinto y
el Tinto-San-José. Lo otro, que no se contaba con dinero, pero con la ayuda del
gobierno brasilero se tiene comprometido la carretera Roboré-Puerto Suárez…
¿Cuál es el planteamiento
de nosotros? Uno, que seamos compensados justamente. La compensación para
nosotros, en sí, va con los programas educativos de prevención de impacto. Está
la investigación al daño que se le puede causar por ejemplo a los chacos, las
casas, ahí corresponde la indemnización y los beneficios o utilidades van a
financiar y apoyar los proyectos productivos de esa comunidad.
Estamos hablando de una
comunidad que esta pasando la carretera y nosotros, los comunarios, vamos a
mirar que pasan los recursos económicos, pero en esa comunidad existe la
capacidad, existen los conocimientos adecuados para producir, entonces ¿qué es
lo que nosotros planteamos? Ustedes se van a ser ricos a costa de nosotros,
pero déjennos beneficios que haga que nosotros formemos parte de ese desarrollo
que ustedes están hablando. Poder generar proyectos, hay gente que sabe un
sinnúmero de artesanías, hay gente que conoce bastante la parte de agricultura,
hay gente que sabe bastante la parte de la ganadería, pero que no tiene el
capital económico, para empezar a producir tiene la tierra, y en muchos casos
no hay la seguridad jurídica, para que esa que tiene ese conocimiento pueda
empezar a realizar esas actividades y sea parte de ese desarrollo que tanto se
habla. Son dos cosas: que haya desarrollo, que se construya la carretera, pero
que nos respeten, que nos compensen aquí, que nos den los beneficios.
¿Cree que es compatible el desarrollo indígena
comunitario con el desarrollo inducido por la carretera?
En sí, los daños que
nos puedan causar más que todo, es cuando no nos toman en cuenta.
En cuanto al
desarrollo, si bien el tema de producción y de buscar recursos económicos, en este
nivel de desarrollo puede ser compatible, pero la forma de producir no es
compatible, porque nosotros en la producción agrícola ganadera y artesanal
siempre se ha manejado de una forma sostenible y que puede formar parte de ese
desarrollo y es lo que nosotros queremos lograr y para ello va a beneficiar la construcción
del corredor bioceánico. Nosotros le hemos demostrado como debe hacerse un
desarrollo sostenible. No es desmontando miles de hectáreas. Lo mismo que puede
ganar en 20 años desmontando 100.000 hectáreas , lo pueden hacer desmontando 1.000 hectáreas , pero
haciendo un manejo sostenible de la tierra, reforestando. Un ejemplo de ello,
nos quieren enseñan lo que es el manejo sostenible ¿qué pasa con la tierra que
le dan a los Menonitas? Le dan la tierra, se cansa la tierra y le dan tierra en
otro lado, ¿por qué? Porque no se hizo un manejo sostenible, y lo más grave
aquí en este tema, es que los que se benefician de nuestros recursos naturales,
se lo llevan para afuera. Un ejemplo claro son las aceiteras, sacan nuestra
materia prima y la industrializan. Son gente de otro lugar…
Hay que incentivar a
los pequeños productores. Lo que nosotros decimos es que, si nosotros
quisiéramos organizarnos en el desarrollo sostenible de nuestros pequeños
productores, incentivar su producción, que tengan un sistema de acopio, un
sistema de industrialización, esto haría los productos más baratos.
¿Dado que no ha habido consulta adecuada, que
no han comenzado los programas de protección ambiental, que no ha habido una
respuesta positiva, usted cree que se ha violado el convenio 169 de la OIT ?
Luego de pasar por
diferentes instancias, si bien nosotros hasta el momento hemos respetado de
cómo debe ser la consulta y hemos dicho que se tiene que hacer reuniones, se
tienen que identificar que comunidades están dentro de nuestras organizaciones
matrices, y sobre eso se tiene que ver la forma como se va informar y
demostrarle ilustrarle a ese compañero de una forma que entienda. Porque no es
lo mismo hablar en la universidad que en una comunidad, y que en muchos casos
las personas que van a hacer estas consultas utilizan bastantes palabras
técnicas, entonces poco o casi nada se entiende, entonces creemos que se tiene
adecuar al lenguaje propio de la comunidad, se tiene que informar, se tiene que
recoger las observaciones, las sugerencias. Entonces como cree que la comunidad
ve hacia el futuro.
Si bien el instrumento
se presentó, la gente informó, pero no sé plasmó en ese documento, que de una u
otra forma nosotros vemos que ahí se está violando la Ley del Medio Ambiente, el
otro es el Artículo 171 de la Constitución
Política
¿Si los programas del PPAS siguen sin
desarrollarse, hasta cuándo va durar el apoyo de las comunidades a este
proyecto?
En si lo que nosotros
hemos venido haciendo hasta a esta fecha, hemos ido apaciguando, por suerte en
nuestras comunidades no nos han rebasado y ojalá no nos rebasen… Pasaría, por
el mismo hecho, que no se siga construyendo la carretera siendo que ya hay
convenios, contratos con empresas constructoras, tendríamos que parar esas
obras para que no sigan causando daño.
No se han saneado todas las comunidades como
dice la firma de convenio de préstamo, no se está compensando, no se está
haciendo la reposición de pérdidas, no se está haciendo un seguimiento y monitoreo
como se debería hacer. Entonces, si el funcionamiento de los programas no
prospera, vamos a tener que parar. Hemos
sido bastante calmados, decíamos a la gente… ya va empezar, ya va empezar. Por último,
en las reuniones nos han dicho: bueno mentirosos, esperamos que si ustedes no
nos traen algo positivo vamos a tomar acciones.
Carlos Cuasase
Lugar: Santa Cruz de la Sierra , oficinas de la CPESC
Fecha: 21 julio de 2004
Cargo: Presidente de la Organización Indígena
Chiquitana - OICH
Etnia: Chiquitano
¿Qué
evaluación hace usted del proyecto de la carretera Santa Cruz – Puerto Suárez?
Haciendo una evaluación
dentro del proyecto... Primero, no se está cumpliendo conforme nosotros lo
habíamos establecido los convenios con el BID y el Gobierno. Quiero decir esto con muchas razones. Uno, en
el proyecto de la carretera, como parte de la apertura de brecha y de caminos,
las máquinas están trabajando sin ninguna fiscalización de las autoridades
competentes que tienen que ver con este tema de la protección de recursos
naturales… No se está cumpliendo porque hay varias comunidades afectadas por
varios temas: les han fregado su chaco, segundo: ya les han destruido su fuente
de aguas, refugios, quebradas, lagunas principalmente y otro el tema del río
que le están trancando.
Ayer 21 de julio hemos
tenido una reunión con el Prefecto. Le hemos explicado sobre los conflictos que
tenemos sobre estos temas de la carretera bioceánica Santa Cruz-Puerto Suárez.
Nosotros hemos visto como organización indígena, haciendo una evaluación, que
el Gobierno y las instancias que se ocupan de los impactos ambientales como lo
dicen los estudios la EIA ,
que los convenios del Gobierno no se están cumpliendo… Esto es una situación
que va afectar a nuestras comunidades y va a pasar por el medio patio y media
casa y le va afectar a nuestras comunidades en su vivienda.
Primero, lo que queremos
es la seguridad jurídica. En esta evaluación que hemos hecho en el tema de
carretera hemos visto que no se está cumpliendo y eso le hemos adelantado a las
autoridades y ahora mismo estamos reunidos las organizaciones Chiquitanas. De
las cinco provincias chiquitanas hemos dicho clarísimo a las autoridades que, si
no ajustan, o no arreglan estos temas y el impacto que tenemos en nuestras
comunidades, primero, nosotros vamos a comenzar a hacer parar las obras a las
empresas que están encargadas de las aperturas de esta carretera.
Segundo, nosotros
queremos manifestar que vamos a empezar a bloquear todos los niveles que nos
corresponden por ley también a los pueblos indígenas. Hasta ahora vemos que están haciendo,
violando nuestros derechos, culturalmente nos van hacer desaparecer… Estamos
muy preocupados porque también los niveles internacionales que estamos
reconocidos, como el Convenio 169, en Bolivia ratificado con ley 257, tampoco
se está cumpliendo. Entonces, si nosotros no comenzamos a tomar medidas de
hecho, bloquear, marchar y otros que podamos hacer, en lo que nos corresponde
también hacer sobre la base del mandato de nuestras bases, es que las
autoridades nos quieren hacer desaparecer. Principalmente esa es nuestra
preocupación.
En tercer lugar, ahora
nos están dando mucha vuelta en esta situación.
Ahora estamos haciendo una evaluación con todos nuestros dirigentes,
porque este es un mandato de nuestras bases, creo que esto primero que cuando
reclamamos nuestros derechos ya nos comienzan a perseguir a patearnos,
matarnos y por últimos vamos a la cárcel
por reclamar nuestros derechos y eso nos preocupa bastante porque el espacio
que estamos perdiendo por la apertura de la carretera es el espacio y el futuro
de nuestros hijos y principalmente el recurso natural que tenemos ahí, gracias
a nuestras comunidades, nuestros pueblos.
Esto es una
preocupación para nosotros y queremos manifestarle que nosotros le hemos dado
plazo al Gobierno que si no nos responden vamos a tomar medidas de hechos, no
nos queda otra salida. Eso en cuanto a
la apertura de la carretera.
El otro tema que a
nosotros nos está preocupando bastante, en estos temas, es que se está
filtrando mucha gente que nada que ver con la situación de nuestra vivencia
cultural y gente que viene de otro lado y no sabemos a que viene. Otro caso que
queremos denunciar es los pirateaos de madera, lo pueden llamar delincuencia.
Otra preocupación que
tenemos nosotros es la seguridad jurídica, donde el gobierno no nos da cabida
pese que hay acuerdos con nuestras autoridades. Es importante para nosotros que
nuestras bases, que vienen de diferentes lugares, contactarse con las
autoridades. Cuando escuchan todo esto, dicen “con razón no avanzan las cosas”,
tampoco se respetan los derechos.
Ahora más preocupación
hay que está falta de seguridad jurídica nos vaya a conducir a una convulsión
social, porque estamos sometidos a la miseria a la exclusión a la
discriminación. Entonces yo creo que están en sus manos de las autoridades si
no quieren que haya una convulsión social. Eso es en cuanto le puedo decir en
el caso de la carretera y de las medidas que vamos a tomar en adelante.
¿En el caso de otros mega proyectos, como por
ejemplo la construcción de gaseoductos, ha habido situaciones de
desestructuración de núcleos familiares y de prostitución?
Si, nosotros primero
estamos comentando estos dos temas, el de la carretera y de los gaseoductos. El
gaseoducto se divide en dos ramales que estamos afectados. Queremos manifestar
que acá tampoco se está cumpliendo. Hemos denunciado, además, nosotros hemos
pedido al gobierno una auditoria ambiental, ya son cuatro años que le estamos
exigiendo que se cumpla conforme la
Ley de Medio Ambiente. El gobierno en vez de apoyar esta
exigencia más bien apoya a las multinacionales y esto está clarísimo.
Lo que estoy
manifestando de los impactos que está pasando en la carretera lo mismo pasó en
los gaseoductos. Yo les quiero decir que es una preocupación, los que estamos
pidiendo al Gobierno, una auditoria ambiental sobre el tema del gaseoducto
ellos han dicho no, tengan paciencia. Ellos actualmente no van aceptar una
auditoria ambiental. Y nosotros estamos siguiendo otros procesos judiciales,
además hemos llegado hasta la Cámara
de Diputados. Hemos hablado con
Ministros, Diputados y autoridades en el tema...
Nuestra gente ha migrado
y ha llegado otra gente. Ha comenzado la prostitución. Esto nos preocupa
bastante a nosotros como dirigentes, a nuestras autoridades y Caciques. Los cabildos
están muy preocupados, porque esto nos va a llevar a una prostitución mucho más
grave. Estos son los impactos que nos han traído la carretera y las autoridades
los saben muy bien y lo que estamos exigiendo es una auditoria por los daños y
perjuicios a nuestras comunidades…
Rubén Darío Diez
Lugar: Santa
Cruz, CPESC
Fecha: Julio 2003
Cargo: Coordinador Técnico de la CPESC
Etnia: Mojeño
¿Ha habido una consulta efectiva en el CPC y en las
rondas de consulta?
Nosotros hemos visto que el tema éste de la consulta se ha convertido en
un simple show social, en un simple requisito para obtener la Ficha Ambiental
para la construcción, ya que, primero, la modalidad de consulta no ha sido
adecuada, en las comunidades particularmente.
Hemos hecho observaciones a una primera consulta, donde se hacían
simples levantamientos de expectativas de los comunarios, pero no se comentaba
del impacto y del daño real que podría causar, ni de los beneficios que podría
dar también, la construcción de la carretera. Eran reuniones de levantamientos
de datos, y para nosotros, eso no es consulta.
Hubo una segunda consulta, y un cambio de operadores, en este caso viene
el Consorcio Potlatch, Prime y el Museo, para mejorar una primera consulta y
según versiones de ellos, por presión del tiempo que tenían, volvieron a
incidir en lo mismo: hacer talleres de levantamientos de datos y lo único que
se cercioraron de hacer, fue levantar acta de que ellos estuvieron en ciertas
comunidades, transmitiendo esta preocupación, o haciendo la consulta, como
ellos lo llaman.
Esa segunda consulta tampoco fue para nosotros, como entidades organizativas,
bien elaborada. Por lo tanto, propusimos una metodología de consulta, que es la
única experiencia que hasta ahora existe y que nosotros ahora podemos ya,
orientar a otros procesos. Se formaron promotores del proceso de consulta, pero
promotores indígenas. Fue un grupo de promotores que recibió la información
directa de todo lo que ha sido y lo que es, el Estudio de Impacto Ambiental, lo
que es el procedimiento para obtener la Ficha Ambiental ,
lo que son aspectos normativos para toda obra de esta magnitud, según la
legislación nacional y además se llegó a concertar ciertos criterios para el
tema de la exposición y levantamiento de datos de las comunidades. Entonces
ésta tercera consulta es para nosotros la reconocida, la más, vamos a decir
así, la consulta por la cual se debería trabajar, no es todavía una metodología
acabada, es una primera experiencia, pero lastimosamente el presupuesto que
demandó esta tercera consulta no fue aprobado ni por el prestatario, el BID, ni
por el gobierno, porque todo el PPAS ascendía a más de 350 millones dólares,
para realmente resarcir los daños de acuerdo a la magnitud de los impactos.
Entonces, ahí viene ya el tema de la manipulación de la consulta: Por
desición del gobierno y por instrucción directa del gobierno al Consorcio que
estaba contratado para hacer este trabajo, se le dice que la consulta, los
programas de resarcimiento de impacto ambiental no deben pasar de entre 15 a 20 millones de dólares
para todos los programas que se puedan establecer.
Entonces para nosotros desde ese momento hemos dicho que no ha habido
tal consulta, porque lo que se hizo como consulta quedó a un lado y hay ese
estudio, pero ese estudio nunca se lo publicó y ha quedado ahí en archivo. Para
las organizaciones indígenas plantearon un presupuesto de algo de 2 millones de
dólares, y hubo una comisión del BID de alto nivel en la cual nosotros logramos
participar en esa entrevista y dijimos que éramos el sector más vulnerable a la
construcción de este proyecto, y que económicamente no reflejaba la realidad
entre el impacto y el resarcimiento que se debería hacer, o los programas de
resarcimiento que se tenían que hacer. Entonces, por recomendación de esta
misión del BID, el presupuesto de 15 millones subió a 21 millones de dólares y
se mejoró el presupuesto del tema tierras y el presupuesto del tema indígena.
Desde ese momento, entramos nosotros a hacer una negociación de el
proceso de consulta, en la que todo, todo lo que habíamos levantado como
datos y demandas de las comunidades, la
propuesta era solamente tema tierras y tema organizativo, entonces no había lo
importante, lo vital, como era la parte productiva, la parte de infraestructura
organizativa, y empezamos un proceso de, nuevamente, a negociar lo que ya
habíamos trabajado como consulta, por eso es que decimos de que la consulta en
realidad ha sido una derogación de gastos, o sea que se ha gastado dinero del
Estado, el Estado ha gastado dinero para resultados que no los tomó en cuenta
en su magnitud en el documento final.
Coméntenos sobre la negociación indígena con el BID
del PPAS, y los resultados finales éste documento.
Después de que hubo la drástica reducción de las propuestas y
presupuestos de las expectativas indígenas, entramos a un proceso de negociación
con el Consorcio, particularmente con Prime, quien quedó a lo último
responsable de la entrega final del documento, con personeros del BID, quienes
eran en definitiva los que decidían si procedía o no procedía las demandas que
nosotros hacíamos.
Entre las principales demandas que planteamos nosotros, estuvo
incorporar en el programa indígena aspectos productivos, que no estaban dentro
de la propuesta borrador que nos hicieron llegar. Estaba también el hecho de la
administración directa de los pueblos indígenas de estos recursos, en función a
toda la normativa que pueda existir a un préstamo. Estaba también la creación
de instancias operativas que puedan decidir las políticas y los cambios del
programa indígena y no así la gerencia general que sería la UEP , sino una instancia
indígena para lo cual se propuso una instancia.
También propusimos como se debería establecer el fondo de fideicomiso.
En el fondo de fideicomiso hubo un error de parte de la empresa y de parte del
BID. Nosotros planteamos un fideicomiso de dos millones cien mil dólares, pero
de manera perpetua. Cuando ya estuvo todo trabajado, en la reunión que tuvimos
de propuesta para la negociación el BID, el BID nos dice que no hay esa figura
de fondo de fideicomiso perpetuo, dentro de sus normativas de BID. Porque una
operación bancaria de ellos, solamente tiene una duración máxima de 10 años.
Entonces, desde ese momento tuvimos que transformar nuevamente este fondo de
fideicomiso perpetuo en un fondo de fideicomiso que pueda estar establecido en
los 10 años y que a los 10 años quede en cero, que no era la propuesta inicial
que teníamos la organización indígena, pero tuvimos que acomodarnos a una
normativa ya que después de los 10 años, saldos de préstamos que existe, son
revertidos.
Entonces esa fue una situación drástica de cambio en toda nuestra
composición de nuestra estructura de propuestas. Muchas de nuestras propuestas
han sido aceptadas, y lo que quedó pendiente hasta la firma final del convenio
de ejecución del Programa Indígena, ha sido el tema administrativo – financiero,
ya que debe responder a dos situaciones principales, una, al ser presupuesto de
estado a la Ley SAFCO
y al estar ligado a un préstamo del BID, a las normas administrativas y
financieras del BID.
Entonces, después de todo este proceso, nosotros hemos visto que la
participación del Estado en todo esto ha sido absolutamente escasa, nula,
solamente de, vamos a decir de, de veedores solamente, porque la relación se ha
dado directa con el BID, si el BID decía sí, era sí, si decía no, era no. En definitiva,
el negocio ha sido con el BID, ni con la empresa ni con el gobierno.
¿Refleja el PPAS las demandas indígenas, hasta que
punto?
El documento en realidad, después de anularse la consulta es simplemente
un programa paliativo, porque no vamos a poder cubrir ni siquiera el 20% de las
expectativas de la comunidad, porque el presupuesto – bastante alto – para
lograr hacer lo que se había planteado, llegar a lo que hemos logrado, de tres
millones ciento cincuenta y seis mil dólares, con los cuales vamos a subsistir
en este impacto fuerte que va a ser la carretera. Entonces realmente, no
sentimos que nuestros derechos y todos los impactos que van a haber en nuestras
comunidades estén resarcidos económicamente de una manera justa.
¿Que funciones que ha cumplido el CPC?
Para nosotros el CPC se ha convertido en una instancia, vamos a decir
así, una instancia “filtro”, en la que las propuestas de la sociedad civil han
sido acumuladas en esta instancia que esta llevada por el gobierno y ha sido
sistematizada, analizada y muchas de ellas, que no van dentro de la expectativa
que tiene las políticas del estado, o del gobierno que esté de turno, entonces
son como si no existiesen. Hay muchas propuestas de la sociedad civil que no
han sido tomadas en cuenta, particularmente nuestras propuestas indígenas han
sido tomadas en cuenta en parcialidades. Esto talvez porque de alguna manera
tenemos el respaldo de la Ley
1257 , Convenio 169 de la OIT ,
y hemos logrado parcialidades de nuestras propuestas, pero otras propuestas de
los sectores sociales como campesinos, Comités Cívicos, no han sido en
definitiva tomadas en cuenta, muchas porque no son acordes a las políticas de
estado, otras porque son demandas, talvez porque no es el espacio en que se las
deba discutir o tomar en cuenta, porque en todas las instancias sociales
aprovechamos cualquier momento para plantear nuestras necesidades y demandas.
Entonces esta instancia a la cual inclusive se estableció una
reglamentación funcional, un proceso operativo para su funcionamiento, una
directiva que pueda llevar adelante todo este proceso de consulta, en definitiva,
se convirtió simplemente en una instancia operadora del estado, en la que
convocaba, invitaba, en función a la visión que ellos tenían. Si existía una
necesidad de acelerar este proceso frente a la negociación del BID, había una
reunión, si no había esa necesidad de aval social, no era necesaria esta
instancia. Entonces, estas instancias necesitan todavía reglamentarse en serio,
necesita que esté en manos de la sociedad civil organizada y necesita que, de
alguna manera, se los considere y se los tome en cuenta en el funcionamiento
real de lo que son los procesos de consulta.
Mencionaba yo, que nosotros como sector indígena hemos propuesto una
metodología de consulta para nuestras comunidades y pensamos que este nivel de
consulta, como este no es el único proyecto, sino de otro proyecto de estado,
que están tomando esta figura de cara social, tratando de que todo es
transparente, tenga metodologías de trabajo y además tenga también instancias
de fiscalización de la sociedad civil.
¿Actualmente, a julio del 2003, en qué condiciones se
encuentra el Comité de Participación y Consulta?
Lamentablemente como sector no conocemos ya su vida. Después de que se
consolida el documento final del Programa de Protección Ambiental y Social,
firmado en el mes de marzo, y fueron las últimas reuniones del CPC, no se ha
retomado el trabajo de esta instancia de consulta. Hoy en día estamos ya en la
parte de ejecución de el Programa, estamos con la firma última que hemos tenido
según requisitos del Contrato de Préstamo con el BID, se tenía que firmar
convenios internos con todos los actores, nosotros como sector indígena hemos
sido los últimos en firmar, después de todo un proceso de consensuar en
contenido del documento del Convenio. El Gobierno y la UEP , están haciendo las
gestiones para la legibilidad y el desembolso del primer presupuesto de este
préstamo, y no hay iniciativas del estado ni del viceministro de desarrollo
sostenible, ni de la ministra, de promover o retomar el trabajo de la CPC. Eso nos muestra de
que esas instancias sólo sirven y son útiles en ciertos momentos, después la
sociedad civil pasa a ser simplemente manipulada por las desiciones...
Hubo muchas denuncias en el CPC al respecto de la reacción
del Museo Noel Kempff Mercado con la Fundación para la Conservación del
Bosque Chiquitano, ¿que sucedió con estas demandas al interior del CPC; y pasa
entre la FCBC y la CPESC ?
Bien, en el tema de la
FCBC , no se la ha dado importancia, no se lo ha considerado
la demanda de las comunidades indígenas y otras entidades ambientales referente
a la violación de derechos que estaría cometiendo este “Consorcio Internacional”,
vamos a decir así, dos nacionales y dos internacionales, y lo que hemos visto
desde que – bueno, no es el Museo el que está dentro de este Consorcio sino es la Fundación Amigos
del Museo, muy cerquita si de lo que es el museo, en realidad es su “cinturón
del Museo” – entonces, hemos nosotros encaminado esta situación por otras vías,
y la hemos ligado, no la hemos ligado, sino está ligada a lo que es el impacto
ambiental y las maniobras y la corrupción de todo lo que es, lo que ha sido el
manejo ambiental del gasoducto lateral a Cuiabá.
Hemos planteado recursos y demandas y amparos ante diferentes instancias
competentes del estado referente a la
FCBC , hemos llegado al Parlamento Nacional, hemos presentado
nuestros informes de violación a los derechos indígenas referente a esta
entidad y el Bosque Seco Chiquitano, hemos anexado y hemos hecho llegar nuestra
documentación a la Comisión
del anterior gobierno que estaba investigando la corrupción de la ENRON , que es parte también
de esta Fundación y hemos llegado a la Defensoría del Pueblo, hemos logrado de alguna
manera que a Fiscalía Departamental no dé Personería Jurídica a esta instancia,
pero todo eso ha quedado en simples trámites, en definitiva la política del
restado esta de que las trasnacionales son la que se imponen, no importa el
derecho de los pueblos, la soberanía ha quedado a un lado, entonces de todas
maneras nosotros ya viendo de que con la FCBC no pasaba absolutamente nada, y en otras
instancia no había nada, hemos empezado a hacer denuncias públicas
internacionales, hemos participado de varios foros ecológicos – ambientales, en
los cuales la principal demanda ha sido la violación de derechos de las
transnacionales que constituyen este tipo de instrumentos de operación, como
brazos operativos de ellos, como es esta supuesta Fundación, y hemos logrado de
alguna manera ser escuchados en muchas de las instancias.
Lastimosamente ha habido recomendaciones de muchas Conferencias al
estado boliviano, de que se tome en cuenta este problema, ha habido
resoluciones de nuestra organización internacional, como es la “COICA”, al
estado boliviano, para que se considere esta situación, se vea y se les dé
viabilidad a las demandas de los pueblos indígenas, pero sin embargo no hemos
logrado absolutamente nada en esta relación. La paralización de la personería
jurídica a través del Prefecto y de la Fiscalía ha tomado otro curso, ha tomado el curso
de que ese trámite ha quedado paralizado, pero han iniciado otro trámite, nuevo
trámite, con todas las observaciones que se hizo de ese primer trámite, han
empezado un nuevo trámite, y hoy en día estamos ya muy alertados porque sabemos
que está la personería jurídica lista para la firma del Prefecto, y que, es
simplemente desición del Prefecto, por muchas otras demandas que hemos tenido,
que todavía no se ha firmado esa Personería. Pero eso nos demuestra a nosotros
de que realmente las transnacionales has logrado apoderarse de este aparato
económico del estado y ahora ya no hay entidad o autoridad que vele por los
pueblos, por los ciudadanos, sino que son los intereses económicos que se están
jugando.
Eso está pasando con la
FCBC , hemos relacionado el tema del Bosque Seco Chiquitano al
impacto ambiental del gasoducto lateral a Cuiabá, hemos pedido una Auditoria
Ambiental al Ministerio de Desarrollo Sostenible, hemos hecho la denuncia a
través de nuestro parlamentario indígena que tenemos en el parlamento, para que
el parlamento tome acción sobre esta demanda de los pueblos indígenas referente
al Bosque Seco Chiquitano y, a lo mucho
que hemos logrado, hemos logrado que se haga una inspección ocular al impacto,
en cumplimiento de todas las normas establecidas por ley sobre el gasoducto
lateral a Cuiabá.
En esta inspección ocular hemos constatado que existen muchas
violaciones de los derechos, y además muchas omisiones de las responsabilidades
de la empresa referente al impacto ambiental, y ha sido para nosotros
sorprendente encontrar de que, en este mismo recorrido ocular, encontrar
funcionando ya, una mina a un kilómetro del gasoducto lateral, que nunca fue
contemplada en los pliegos. La mina “Don Mario”, que es propiedad de COMSUR de Orvana
Mineral Company, ubicada en San Juan, en la provincia de Chiquitos. Y que no aparece
dentro de todos los pliegos especificitorios del tema de la licencia ambiental,
y esta funcionando con el gas del gasoducto lateral y con instalaciones súper
modernas. Entonces eso no esta considerado en los impactos ambientales de
estudio preliminares que se han hecho, por ese motivo lo estamos haciendo
públicamente.
¿Hoy por hoy, la CPESC , qué acciones esta tomando con respecto a la Fundación para la Conservación del
Bosque Chiquitano?
Después de la inspección ocular que ha hecho el estado, ha participado
la misma empresa y también nosotros como sector social interesado. Hemos
constatado que realmente existe violación de nuestros derechos, existe el
incumplimiento de las acciones de mitigación de impacto ambiental y también
hemos constatado que realmente cada día más se ve amenazada esta reserva,
nuestro bosque seco chiquitano. Es por ello que, a través de un informe de esta
inspección ocular, exigimos ahora al Ministerio de Desarrollo Sostenible, que
se haga una Auditoria Ambiental, imparcial, que nos demuestre, que se haga
constancia de que se esta violando derechos y se está dejando de hacer muchas
cosas en desmedro de la zona, del ecosistema y de casi toda la población que
vive alrededor del gasoducto y del bosque seco chiquitano.
También estamos haciendo llegar todas nuestras denuncias a las
autoridades directamente responsables como Enron y Shell, definitivamente, al
Banco Mundial, que es financiador de todo este proceso y también estamos
exigiendo a la misma empresa nacional encargada, como es la GTB , de que se cumpla con
todos estos compromisos que se tienen
Ya también vemos que no hay cumplimiento en el Plan de Desarrollo
Indígena. No hay un verdadero resarcimiento de daños y hoy en día estamos
planteando de que, así como las empresas van a usufructuar de nuestros recursos
naturales de los bolivianos por cuarenta años, también que resarzan daños
ambientales, sociales y culturales, por cuarenta años.
¿En cuanto a los Comités de Participación y Consulta
en el área de hidrocarburos, que comentario nos puede hacer al respecto?
En el marco del Programa ILC que es financiado por el Banco Mundial, en
la línea de establecer cooperativos, administrativos y sociales en el área de
hidrocarburos el gobierno ha promovido la conformación, consolidación y
funcionamiento de Comités de Participación y Consulta en el área de hidrocarburos.
Se ha conformado un Comité a nivel nacional en la que participan
entidades ligadas a esta instancia en la sociedad civil, vemos que, para
dirigir a la sociedad civil, ciertos grupos, ciertos sectores y se ha promovido
la consolidación de Comités regionales, estos comités están funcionando, uno
por la zona de Trinidad, Beni. En Santa Cruz tenemos dos, uno que sería en la
parte de la chiquitanía, amboró y todo lo que es la parte central de Santa
Cruz, y que estaría funcionando en Santa Cruz y el tercero en la zona del
Chaco, que estaría funcionando en Tarija.
Cada uno de estos comités de consulta están en proceso de consolidación
de estructuración, pero vemos también que ya existe la firme intención que se
conviertan en instancias manipuladoras de desiciones y de avales sociales.
Como organizaciones indígenas, todavía nuestra participación todavía no
ha sido efectiva en esa instancia, pese a la invitación que nos ha hecho el
Ministerio de Desarrollo Sostenible a participar, estamos haciendo un análisis
de esta situación para ver la conveniencia o no, de formar parte de este
proceso, en función a las funciones que vaya a tener.
¿Sobre la participación indígena en las Áreas
Protegidas?
Con experiencia en relación a las áreas en las cuales tenemos presencia
los pueblos indígenas, como el parque Noel Kempff Mercado, el ANMI San Matías,
El ANMI Otuquis, el Parque Ka Iya, de acuerdo a la reglamentación de la Áreas
protegidas, se deben crear comités de participación. Estos comités de
participación todavía no están incidiendo o funcionando tal como debería ser.
En el caso del parque Noel Kempff Mercado, con su administrador es FAN, tenemos
comunidades indígenas del Bajo Paraguá, familias guarayas, familias chiquitanas
y familias guarasué, son más de ocho comunidades que están ahí afectadas, unas
colindantes y otras dentro del parque y la participación directa de estas
comunidades en este comité, todavía viene siendo presencial, viene siendo
manipulada, viene siendo como una forma de avalar lo que el administrador del
parque está haciendo. Porque en los momentos de la ejecución de los programas y
en los momentos de la planificación de los programas y en el momento de la
negociación del estado con el administrador, las comunidades indígenas no son tomadas en cuenta,
solamente en este comité, que duran dos días, se pretende que los comunarios
reciban una información grandísima del trabajo de un año, y que su firma avale
la gestión de de esta manera estamos de
alguna manera negando la participación, o la importancia de la comunidades
indígenas dentro de las Áreas Protegidas, siendo de que gracias a las
actividades conservacionistas de estas comunidades se han protegido estas
áreas, sin necesidad de que exista una ley por encima de ellos.
Entonces hoy en día el estado esta aprovechando el trabajo de las
comunidades y poblaciones indígenas en función a que en esos lugares existe la
mayor riqueza y biodiversidad en el país y está a manera de protegerla, también
está negociando recursos genéticos, procesos de ecoturismo, de los cuales las
comunidades no nos esta beneficiando, simplemente están siendo utilizadas.
¿En las Áreas Protegidas en el área de influencia del
corredor bioceánico, el PAS ha favorecido de alguna manera la participación
indígena en la gestión?
En realidad, no ha habido ninguna consulta en esa línea, pese a que son
más de cuatro áreas protegidas las que están ahí, Parque Ka Iya, ANMI Otuquis,
Reserva Nacional Santa Cruz la vieja en San José de Chiquitos. Solamente se ha
visto la relación y la consulta directa al SERNAP, la dirección nacional de
Áreas Protegidas.
Los actores sociales no hemos
sido considerados en ningún momento en este Programa. Se supone que, como
constructores de esta ecología, deberíamos ser considerados, deberíamos ser
parte de estos programas, pero sin embargo no ha sucedido esta cuestión.
Todavía nosotros como pobladores indígenas, las autoridades, los
procesos de consulta no nos echan importancia, sino se atribuye al estado la
administración de áreas, de reservas que son de los pobladores indígenas
aledaños y que por norma hoy en día pasan a administración externa, muchas
veces extranjera, que no valoran y no respetan la cultura ni el procedimiento o
la convivencia de estas poblaciones.
¿Que nos puede decir de los impactos ambientales y
psicológicos de las comunidades?
Lo primero, que, a nivel psicológico, a nivel de expectativas de vida de
los comunarios, en la promoción de todos estos proyectos, nos emocionamos y
proyectamos mejores días para nuestras comunidades. Cuando nos muestran que es
una vía de desarrollo, entonces nos involucramos. Cuando empiezan los procesos
de construcción de obras, como estas y otras que hemos vivido y somos
simplemente espectadores de todo lo que esta pasando alrededor, por un lado y
por otro lado somos nosotros los que asumimos los daños, los costos morales y
sociológicos del impacto de la construcción de la obra.
¿Refleja el PPAS del corredor de transportes Santa
Cruz – ¿Puerto Suárez, o favorece la participación indígena en las Áreas
Protegidas en el área de influencia del corredor de transportes?
Bueno, con respecto a si el PPAS refleja la participación indígena en lo
correspondiente a las Áreas Protegidas, esto ha sido más dirigido entre el
SERNAP, a partir de un compromiso con el Ministerio de Desarrollo Sostenible.
El proceso de consulta que ha habido para articular esta situación, para
formular el Programa de Medio Ambiente, compuesto por Áreas Protegidas y por
Reforestación de Bosques, no ha tenido una consulta en las comunidades, sobre
todo las comunidades indígenas. En ningún momento hemos sido parte. Conocemos
el programa a través del documento final, pero no en la construcción, en la
formulación, pese a que somos habitantes de estas áreas protegidas, que va a
impactar la carretera, como es el Ka Iya, el ANMI Otuquis, en ANMI San Matías.
Son situaciones que se han ido manejando a nivel gubernamental, a nivel
de instancias gubernamentales y que en ese nivel se han tomado desiciones de
cómo implementar los programas de protección ambiental, de cómo beneficiarse de
los recursos de compensación de los impactos de la carretera. Pese a que los
objetivos son importantes, como la de reforestar, reconstruir el corredor
ecológico que va a ser fraccionado por la carretera, pero como actores sociales,
como vivientes y partes de ese corredor ecológico, de ese ecosistema del
bosque, de las Áreas Protegidas, no hemos sido considerados para opinar, peor
para ser parte de la ejecución de estos programas.
¿Cómo evalúa la gestión de Áreas Protegidas por parte
del Estado y por organizaciones conservacionistas, mayormente extranjeras?
La verdad es que, pese a que el reglamento de Áreas Protegidas indica
que se debe tener un Comité de Gestión conformado por los diferentes actores
sociales e institucionales involucrados en una gestión ambiental, esto todavía
no esta siendo práctico. Las planificaciones, la administración, el desarrollo
de la protección y la ejecución de los programas ambientales en las diferentes
Áreas Protegidas, todavía es tuición del Estado a través de sus organismos
competentes, y los actores sociales solamente estamos siendo informados y de
alguna manera a través de lo que es el Comité de Gestión, que funciona en
algunas Áreas Protegidas y en otras recién se están constituyendo los Comité de
Gestión. Nuestra participación como actores sociales es como veedor,
simplemente vemos, escuchamos, y en función a lo que nos dicen, llegamos a
avalar una gestión de la cual nosotros no somos parte en la elaboración, en la
evaluación y peor aún en la fiscalización de estos programas
¿Qué cambios ha habido en las comunidades colindantes
o al interior de Áreas Protegidas actualmente manejadas por el Estado y
organizaciones conservacionistas?
Han existido cambios bastante fuertes, bastante drásticos, en la vida
cotidiana del comunario. Sabemos que el
sistema económico y de subsistencia del comunario indígena es la caza, la
pesca, la recolección – principalmente – hechos que los vive en una determinada
área. Al implantarse las Áreas
protegidas, las comunidades que quedan dentro y las que están en la zona de
amortiguación del Área Protegida, cambia todo, cambia una tradicional forma de
cazar, cambia una tradicional forma de pescar, porque se empieza a controlar la
caza, la pesca de los comunarios, se tiene que tener permiso de los
administradores de las Áreas Protegidas. Inclusive hemos llegado a tener casos
de abuso, de maltrato de los Guarda Parques a comunarios, por esta situación.
Por otro lado, al promocionar las Áreas Protegidas, programas conservacionistas,
programas de investigación, programas turísticos, esto también incide sobre la
vida del comunario, ya que están introduciendo gente, no sólo nacionales,
principalmente son extranjeros que vienen con otra mentalidad. Vienen para
extraer los recursos genéticos que existen en las comunidades y para robar
nuestros conocimientos tradicionales, nuestra sabiduría de pueblos indígenas…
al conversar con nosotros, al hacer entrevistas. Los administradores de estas
áreas protegidas, pues facilitan la llegada de esta gente y además facilitan
las entrevistas, facilitan la conversación y la convivencia del comunario con
estos investigadores, que a la larga no sabemos que resultados o que beneficios
nos van a dar para nosotros.
¿Qué impacto ha tenido hasta la fecha la carretera
Santa Cruz - ¿Puerto Suárez, y que impactos se vislumbran luego de las obras de
construcción?
Los impactos son múltiples. En el momento ya existe una brecha, una
apertura, de lo que va a ser y por donde se va a direccionar la carretera
transnacional de Santa Cruz – Puerto Suárez. Vemos en riesgo nuestra cultura,
nuestro medio ambiente, nuestro hábitat y sobre todo nuestros sistemas
económicos, de vida de pueblos indígenas.
Hay impactos en la vida cotidiana del comunario, ya los estamos viviendo
actualmente. Hay impactos sociales, hay impactos culturales, hay impactos
sicológicos, en todo este proceso. Ya lo estamos viviendo en muchas de las
comunidades que también son afectadas por el gasoducto principal, en la que
muchas de las comunidades, muchas de las familias, se han visto desmembradas
por el tema de la migración a trabajar como mano de obra no calificada,
Por el tema de la invasión de la gente trabajadora y otra gente que ha
llegado, se ha generado una presión fuerte sobre las familias, principalmente
se ha inducido mucho el tema de la prostitución, se ha inducido mucho el tema
de enfermedades, se ha inducido mucho el tema de introducir códigos de vida no
adecuados o no vividos en la comunidad.
Entonces, después de estos proyectos queda la desgracia en las
comunidades y los demás, que son pasajeros, desaparecen, y nosotros heredamos
todo lo malo. En el caso de la carretera, que es un impacto mucho más fuerte,
estamos viendo de que el principal elemento que va a tener presión por la
construcción de esta obra, van a ser nuestras tierras. Muchas de ellas no están
tituladas, va a haber una fuerte presión comercial sobre nuestras tierras.
Entonces eso significa de que va a haber mucha migración de comunarios a
centros poblados, con la expectativa de que nos hablan, de que el desarrollo o
la mejor vida esta en las áreas urbanas. Eso va a ser fuerte.
Económicamente va a haber una fuerte presión sobre nuestros recursos
naturales, sobre la vida, la flora, la fauna, que son medios de vida importante
para el comunario. La destrucción del bosque, que es el mercado donde nos
proveemos de los productos para subsistir, ni siquiera para vivir dignamente,
sino es una subsistencia ya ahora, por el deterioro ya existente de todo el
ecosistema de toda esta zona, de toda esta área, por los diferentes
megaproyectos que están atravesando esta región. Y vemos que esta visión de
desarrollo que nos están metiendo a la zona, simplemente va a ser para los de
afuera, y nosotros quedaremos como peones, como cargadores, o en el peor de los
casos, como mendigos a la orilla de la carretera.
Política y organizativamente, nos
vamos a ver fraccionados, la fortaleza organizativa que hoy nos ha tomado años
construir y consolidar, y seguimos en esta situación, se va a ver fraccionada,
porque nuestra gente va a empezar a migrar, va a empezar a tener nuevos códigos
en de vida, se va a deteriorar la cultura y vamos a sufrir, si se quiere decir
así, vamos a tener una cadena mucho más grande de intermediarios, que la que
tenemos ahora, en la venta de los pocos productos agrícolas y pecuarios que
tenemos y peor aún en el tema de los trabajos artesanales que tenemos que es
rico en toda la zona.
Entonces nada raro va ser de que en el futuro quienes ofrezcan productos
indígenas van a ser otras personas que nada que ver con los que generan la
materia prima o el producto original. Todos estos impactos que ya los estamos
viviendo, y que otros ya los estamos visualizando, no van a ser paliados en
ningún momento por un plan ni por un programa, peor aún por políticas del
estado en que las organizaciones indígenas estamos fuera de la visión
globalizadora que tiene las políticas del estado y las transnacionales, que son
las que están promoviendo todos estos sistemas de corredores de transportes, en
este caso el corredor bioceánico, en la que quedaremos como comunidades y país
de tránsito. Y nosotros como comunidades vamos a ver como sale de nuestros
territorios, de nuestras comunidades, nuestros recursos genéticos, nuestros
recursos naturales. Vamos a ver como nosotros como cultura vamos a ir
desapareciendo, anexándonos a un sistema económico que nos van a imponer por el
atractivo de la carretera.
¿Sobre los impactos materiales y morales, sicológicos,
que ha tenido el proceso de consulta del corredor de transportes?
La verdad es que este proceso de consulta ha sido muy inducido. Ha
tenido y ha levantado expectativas en las comunidades. Nos han emocionado, nos
han hecho proyectar nuestras demandas, nuestras necesidades. Muchos de los comunarios
hemos creído que en realidad esta iba a ser una alternativa para mejorar
nuestras condiciones productivas, de vida, de salud, de educación. Ya que los
procesos de consulta simplemente ha sido una oferta, una propuesta y un
levantamiento de las necesidades de las comunidades, argumentando o creando
ciertas expectativas de que estas van a ser paliadas por el plan de
compensación que va a tener la carretera. Muchos ya nos hemos marcado ciertas
expectativas, de las cuales, concluido el proceso de consulta, vemos de que no
son ciertas. Vemos que hay un plan de protección socioambiental que no refleja
la magnitud de la obra, no refleja la magnitud del impacto ambiental,
ecológico, social, cultural, que va a tener la zona, porque el presupuesto es
mínimo y los daños son grandes. En las comunidades también se vive esta
situación y pensamos nosotros de que hemos sido de alguna manera utilizados,
simplemente con un show de consulta, haciéndonos creer que nos están
consultando, para que, a través de la firma de los comunarios que asisten a
esas reuniones, que no son más que reuniones inducidas y manipuladas, se
conviertan en actas de aval para la adquisición de todo lo que son las fichas
ambientales y todo lo que buscan las empresas consultoras.
¿Frente a todos los impactos inducidos por la
carretera Santa Cruz – Puerto Suárez, que estrategias vislumbra la CPESC para enfrentar todos
estos cambios?
La verdad es que estamos en una situación bastante “grave”, vamos a
decir así, frente a la invasión de la política del estado, que esta
respondiendo únicamente a todo lo que son las trasnacionales, al sistema
neoliberal – globalizador, y ahora, a todo lo que responde y a las exigencias
que esta planteando lo que va a ser el Área de Libre Comercio de América
Latina. Esto nos lleva a nosotros a pensar seriamente en cómo vamos a conservar
nuestra cultura, cómo vamos a conservar nuestros ecosistemas, nuestros habitats
en los cuales nosotros desarrollamos nuestras vidas, desarrollamos nuestra
sabiduría, desarrollamos nuestras actividades reproductivas y cotidianas de
vida.
Dentro de estas estrategias hemos empezado primero a presionar para que
el plan de compensación de la carretera tenga un presupuesto mínimamente
razonable en relación a los impactos que se van a ver. En otras condiciones
estamos viendo de que muchas, en realidad casi todas las normas que están
vigentes en el país, favorecen a los empresarios, favorecen cualquier sistema
de inversión económica, y no así se implementan políticas sociales, políticas
dirigidas a promover la economía de las comunidades indígenas, campesinas,
rurales que están en la zona de influencia de estos mega proyectos, y particularmente
de la carretera. Por eso, como organización estamos fortaleciéndonos en el
marco de tomar desiciones conjuntas, presionar al Estado de manera social, de
manera articulada, desde la comunidad hasta las diferentes organizaciones
matrices que conformamos el movimiento indígena, proponiendo al Estado,
proponiendo al Gobierno reformas a las diferentes leyes, particularmente lo
referido a las leyes relacionadas con los recursos naturales: ley forestal,
código de minería, hidrocarburos, la ley
de tierras, y muchas de estas leyes, que en realidad siguen siendo todavía
contrarias a los derechos de los pueblos indígenas.
Como un desafío social, como una avanzada mucho más fuerte y un desafío
al Estado nacional, las organizaciones sociales, particularmente de las tierras
bajas, hemos planteado al Estado, reformar, reorientar lo que es la Carta Magnala Constitución Política de Estado. Pero no a través
del mecanismo del rodillo parlamentario, sino a través de un mecanismo que es la Asamblea Nacional
Constituyente, para que a partir de que consolidemos una Bolivia tal como la
refleja su sociedad y lo quiere la sociedad, podamos también nosotros, de
alguna manera protegernos de la invasión económica de las transnacionales, de
la invasión – en este caso – de terratenientes que van a empezar a ofrecer, van
a empezar a promover, y van a empezar inclusive a corromper a comunarios y
organizaciones por apoderarse de las tierras y de los recursos naturales que
hay en la zona.
El reto y el desafío es muy grande, y pensamos nosotros de que es un
desafío a largo plazo y mientras ocurra todo este sistema, vamos a ofrecer resistencia
organizativa, resistencia cultural, resistencia a todo lo que sea violación de
nuestros derechos, para poder subsistir unas cuantas generaciones más como
cultura y pueblos indígenas.
¿Qué conflictos han surgido, y cuales otro cree que
emerjan como fruto de este proyecto de construcción?
Bueno, conflictos van a haber suficientes. Uno de los principales
conflictos que vislumbramos nosotros es sobre el tema de la tenencia de la
tierra. Va a haber una fuerte presión
sobre nuestras tierras y hay una negligencia y hay una parcialidad y hay una
política de no titular comunidades que están “atractivas”, vamos a decir así,
en el tema de recursos naturales y que empresarios o mega empresas están
poniendo el ojo en nuestras tierras. Entonces, ese va a ser un conflicto
bastante fuerte, del cual esperamos salir victoriosos, con los títulos de
nuestras tierras.
Otro de los conflictos que se va a generar, pues va a ser el tema de la
migración. A través de la carretera va a migar gente, no sólo nacional, no sólo
del país y del departamento, sino también internacional, va a ser un tránsito
de países a países. Entonces esa migración va a traer consigo afectación a
nuestras comunidades y principalmente a nuestra cultura, porque a través de la
migración a va haber una segregación, vamos plantearlo así, de otras culturas
con nuestras culturas y se va a empezar a haber unas mezclas culturales, de la
cual nosotros vamos a ser los más afectados como pueblos indígenas de la
zona.
Económicamente para nosotros el proyecto de la carretera no es el
fuerte, porque nosotros como productores no podemos ni llenar un camión, para
hacer nuestra comercialización. Lo que sí vemos que, vamos a ser simplemente
proveedores de materia prima, proveedores de mano de obra barata y eso va a
llevar a la destrucción de la economía familiar de las comunidades indígenas.
Por otro lado, el tema de la conservación del medio ambiente, la
conservación del bosque, que es el elemento vital de los pueblos indígenas,
también va a estar altamente presionado, porque va a haber un atractivo de
recursos naturales para las transnacionales, que el Estado esta promoviendo de
que se aperture esta situación, con el simple hecho de que tenemos que generar
divisas en el país y no importa quien les demos recursos naturales.
Las leyes no son favorables a nosotros, si bien hay reconocimiento de
derechos, cuando el Estado quiere expropiar o apropiarse de recursos naturales
o de espacios de tierra, simplemente aplica la misma Constitución, donde dice
que se declara “utilidad pública”, y por lo tanto nuestros derechos quedan al
margen de cualquier situación.
Son conflictos bastante fuertes que se van a dar, va a haber un proceso,
va a haber un cambio en la vida cotidiana de las poblaciones urbanas de los
diferentes pueblos a la orilla de la carretera, inclusive el sistema de
comercio va a ser diferente.
Vislumbramos también que, a través de esta migración de gente, de la
presión de la gente que va a haber, aumentarán pues también las enfermedades,
no sabemos que tipo de gente entra, con que virus llega a la zona, entonces
podemos inclusive por enfermedades de fuera, exterminarnos nosotros como
pueblos indígenas, porque no tenemos anticuerpos o porque andamos vitalmente en
un espacio de subsistencia, entonces no vamos a resistir amuchas otras
enfermedades que vamos a vivir.
Sobre todo, el conflicto mayor que vamos a tener, es la destrucción de
los culturales, de los valores morales, cuando nos convirtamos simplemente en
objetos de este proceso de desarrollo.
ENTREVISTAS POR: EMIR ISKENDERIAN AGUILERA
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